Para salvaguardar los principios de transparencia y legalidad en los procesos que ejecuta, la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) dispuso la suspensión de la firma y certificación de contratos de empresas denunciadas por posibles indicios de irregularidades en su participación en el reciente proceso de licitación de utilería escolar para los próximos años lectivos.
Durante una rueda de prensa, el director ejecutivo del Inabie, Víctor Castro, acompañado del Comité de Compras de la institución, también informó que solicitó el acompañamiento de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y del Consejo Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), a fin de que puedan establecer, bajo sus funciones, si hubo prácticas reñidas con la Ley de Compras, la libre competencia y/o colusión en la contratación de las empresas.
“Como director ejecutivo de la institución, agradecemos los esfuerzos hechos por El Informe con Alicia Ortega en la investigación realizada. Por eso también estamos anunciando la suspensión de los peritos actuantes en estos procesos, que son quienes nos refieren los insumos sobre los cuales el Comité hace sus ponderaciones”, indicó Castro.
El funcionario destacó que, en el proceso reciente en el que se encuentran involucradas las empresas denunciadas, no se ha desembolsado ningún fondo para la confección de utilería.
Los oferentes señalados en el programa El Informe presentaron propuestas para los procesos INABIE-CCC-LPN-2024-008 (polo y pantalón), INABIE-CCC-LPN-2024-010 (mochila) e INABIE-CCC-LPN-2024-012 (zapatos escolares). Adicionalmente, en la carta enviada a los referidos órganos rectores, el Inabie incluyó una lista de empresas adjudicadas con el fin de que también sean consideradas dentro de la investigación, por si existieran indicios de irregularidades, y se determinen las posibles sanciones correspondientes.
El director ejecutivo, Víctor Castro, resaltó que no es la primera vez que la institución toma decisiones de este tipo, ya que “desde 2022 implementamos en los procesos la debida diligencia, a fin de evitar que prácticas indebidas permeen la gestión que encabezamos frente al Inabie”. En ese sentido, la institución ha suspendido alrededor de 50 empresas tras diferentes hallazgos en procesos del Programa de Alimentación Escolar.
Con relación a la denuncia actual, Castro reiteró que previamente, en febrero de 2025, había remitido a Pro-Competencia un total de nueve empresas del área de utilería escolar tras detectar indicios de prácticas anticompetitivas. En ese mismo mes, se solicitó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) la inhabilitación definitiva o por cinco años de los registros como proveedores del Estado (RPE) de otras cinco compañías, por falsedad y adulteración de documentos.
Asimismo, el Inabie envió una comunicación al Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) el pasado 28 de marzo para que validara las certificaciones presentadas por todos los oferentes participantes en el proceso de utilería escolar.
Ante indicios de importación de polos y pantalones, el director ejecutivo informó que, durante una visita a la Dirección General de Aduanas (DGA), solicitó especial atención a la mercancía proveniente del exterior. Recordó que la indumentaria escolar debe ser de producción local, con excepción de los calzados. Posteriormente, emitió una comunicación con fecha 27 de noviembre de 2024, en la que formalizaba dicha solicitud.
“Como gestión, hemos dado todo el respaldo a la industria nacional y no descansaremos en esto. Somos abanderados de que cada insumo que se entregue a los estudiantes sea hecho por manos dominicanas, en línea con las medidas de este gobierno”, indicó Castro.
El Inabie informó que, al ser la institución con los procesos de licitación más complejos y con la mayor participación de oferentes, la actual gestión trabaja en la instalación de una Unidad de Riesgo y Cumplimiento. Esta unidad fortalecerá las labores de debida diligencia y podrá establecer indicios de posibles casos de lavado de activos.
Actualmente, en los procesos de utilería y alimentación, la institución cuenta con más de 2,440 suplidores, sin contar los demás servicios requeridos para la operación de alcance nacional que se desarrolla día tras día. También se ha renovado todo el proceso de reglamentos internos, estableciendo al menos siete políticas, manuales y procedimientos que impactan positivamente en la eficiencia de los procesos.
