A pesar de lo horrendo de algunos crímenes cometidos por niños, niñas y adolescentes, el llamado Código del Menor establece que los que cometan una infracción penal deben ser juzgados respetándoles todos sus derechos, sin ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tampoco pueden ser sometidos a tratos que atenten contra su dignidad.
En el caso de imponerle una medida de coerción, el artículo 286 del Código del Menor establece que la prisión debe ser la excepción y sólo por 30 días, y que podría ser prorrogada por 15 días en casos justificables.
Cuando el menor tiene menos de 14 años, generalmente se implementa como medida cautelar el cambio de residencia para la protección personal; la obligación del adolescente de presentarse periódicamente al tribunal o ante la autoridad que le designen; la prohibición de salir del país o de la localidad; la prohibición de visitar y tratar a determinadas personas, entre otras, como retención en el propio domicilio.
Cinco años de prisión
A propósito del crimen cometido contra una niña de cuatro años de edad en Santiago de los Caballeros, varios sectores han reaccionado pidiendo penas más drásticas para los adolescentes involucrados en estos casos.
Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), opina que no es posible que el Cogido de Niños, Niñas y Adolescentes solo contemple un máximo de hasta cinco años por la ocurrencia de un crimen por grave que sea.
Considera que el menor de edad de ahora no es el mismo menor de edad de otros tiempos: “El adolescente de ahora tiene mayor desarrollo y más conocimientos por el asunto del acceso a las tecnologías de la información y comunicación”.
Sugiere hacer una revisión de lo que ocurre a nivel internacional con casos similares y evaluar al menor imputado para, si se comprueba “que actuó con algún discernimiento o conocimiento de causa de la maldad de lo que está ocasionando, se le juzgue como mayor de edad”.
En ese sentido, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Jesús Castro Marte, pidió todo el peso de la ley contra los responsables del crimen, al tiempo que calificó como “deplorable” e “indignante” la muerte de Yaneisy Rodríguez. En un mensaje en su cuenta de Twitter, expresó que el crimen “pone en evidencia la irresponsabilidad de algunos padres ante las obligaciones para con sus hijos”.
Mientras que la presidenta de la Asociación de Abogados de Derecho de Familia de la República Dominicana (Adadef), Dilia Leticia Jorge, dijo que la lamentable muerte de la niña Yaneisy revela la necesidad de una mayor vigilancia que deben tener las autoridades del Sistema de Protección a la Niñez, Niños y Adolescencia sobre los menores que habitan en el territorio dominicano.
En tanto que el diputado perremeísta por la provincia El Seibo, Jean Luis Rodríguez, reprochó que los proyectos de ley de castración química para violadores y el que crea un registro nacional de agresores y violadores, sigan paralizados en el Congreso.
Los imputados
El menor de 16 años implicado en el asesinato de la niña Yaneisy Rodríguez tiene un proceso judicial abierto por violación sexual, según informó la regional de la Policía en Santiago. Por el crimen de la niña también fue apresado Franklin Fernández Cruz, quien según las autoridades tiene 31 años.