Santo Domingo. Tener trabajo, cobrar un salario y, aun así, no contar con dinero suficiente para cubrir las necesidades del hogar es la realidad de cuatro de cada diez dominicanos.
En 2025, el 39.7 % de la población se encontraba en situación de pobreza laboral, de acuerdo con el estudio «Cuando trabajar no basta: productividad creciente, salarios insuficientes y pobreza laboral en República Dominicana en el período 2016-2025″.
La cifra pone en cuestión la capacidad del empleo para garantizar condiciones de vida adecuadas en el país.
El problema va más allá del monto que aparece en una nómina. Para muchos hogares, el dinero debe repartirse entre alimentos, alquiler, transporte, electricidad, agua, medicamentos y educación.
Cuando los ingresos no cubren todos esos compromisos, las familias se ven obligadas a establecer prioridades y decidir qué gastos pueden posponer o reducir.
Esa realidad es el punto de partida de la investigación, elaborada por Francisco A. Tavárez Vásquez, economista y director del Instituto de Investigación Socioeconómica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y Matías Bosch Carcuro, investigador asociado de ese instituto.
Para el análisis, los autores utilizaron datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), del Banco Central de la República Dominicana, así como estadísticas de esa institución y de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
El documento examina la evolución de los ingresos laborales entre 2016 y 2025, la diferencia entre productividad y remuneraciones, el costo de las canastas de consumo y las brechas de pobreza por sexo y región.
Los resultados muestran que, aunque los ingresos laborales reales aumentaron durante la última década, amplios segmentos de la población continúan percibiendo remuneraciones insuficientes para cubrir el costo de vida de sus hogares.
Al presentar los hallazgos en el programa Esto No Tiene Nombre, Tavárez explicó que el problema se manifiesta cuando una persona depende de su empleo, pero lo que gana no le permite cubrir siquiera sus necesidades alimentarias fundamentales.
En palabras del economista, hay trabajadores cuyo «empleo de única dedicación no le permite cubrir lo fundamental en términos alimentarios».
El informe distingue entre pobreza laboral moderada y extrema. En 2025, el 27.6 % de la población se encontraba en la primera categoría y el 12.1 % en la segunda.
La metodología es importante para interpretar el hallazgo: la investigación estima la pobreza de los hogares utilizando los ingresos procedentes de la ocupación principal y su relación con el ingreso por persona.
Por tanto, el 39.7 % no representa el porcentaje de trabajadores que cobra individualmente menos que una canasta alimentaria.
La mitad de los trabajadores gana RD$24,169 o menos
El ingreso promedio puede ofrecer una imagen incompleta de la realidad salarial, porque los ingresos más elevados pueden elevar ese indicador. Por eso, los investigadores también examinaron la mediana, que divide a los trabajadores en dos mitades: quienes ganan esa cantidad o menos y quienes reciben un monto superior.
En 2025, la mediana del ingreso laboral mensual nominal fue de RD$24,169. Esto significa que la mitad de los trabajadores dominicanos percibía esa cantidad o menos, según el estudio.
El ingreso laboral promedio mensual, en cambio, alcanzó RD$31,332. La diferencia entre ambos indicadores muestra por qué el promedio no necesariamente representa lo que recibe el trabajador situado en el centro de la distribución salarial.
La brecha también aparece al separar a los ocupados según la formalidad de su empleo. El ingreso promedio nominal mensual fue de RD$38,891 entre los trabajadores formales y de RD$24,761 entre los informales.
Sin embargo, la mediana entre los trabajadores formales fue de RD$30,000, mientras que en el sector informal se situó en RD$19,252. Es decir, la mitad de los ocupados informales percibía RD$19,252 mensuales o menos.
La diferencia evidencia que las condiciones de ingresos varían según el tipo de empleo. Aunque la formalidad puede ofrecer mayor protección laboral y acceso a derechos, no garantiza por sí sola que el salario sea suficiente para cubrir todos los gastos de un hogar.
Para Tavárez, el análisis no puede limitarse a determinar cuántas personas tienen trabajo. También debe examinar qué condiciones económicas encuentran quienes dependen de ese empleo y si sus ingresos les permiten cubrir sus necesidades.
El salario frente al costo de la canasta familiar
El estudio compara los ingresos laborales con el costo de la canasta familiar nacional, que en 2025 se estimó en RD$47,208.10 mensuales.
La distancia entre ambos montos resulta considerable. El ingreso laboral promedio nacional, de RD$31,332, quedaba RD$15,876.10 por debajo de esa referencia.
Incluso el ingreso promedio de los trabajadores formales, de RD$38,891, era inferior al costo de la canasta familiar en RD$8,317.10. En el sector informal, donde el ingreso promedio alcanzó RD$24,761, la diferencia ascendía a RD$22,447.10.
Estas comparaciones requieren una precisión: el ingreso laboral corresponde a una persona ocupada, mientras que la canasta familiar representa el costo de bienes y servicios para un hogar.
No significa que cada trabajador deba cubrirla individualmente ni que todos los hogares dependan de un solo salario. Sí permite observar la distancia entre los ingresos laborales y el costo de esa referencia de consumo.
La diferencia cobra importancia al considerar que el salario también debe cubrir otros gastos que no se limitan a la alimentación. El alquiler, los pasajes para llegar al trabajo, la electricidad, el agua y los medicamentos compiten por el mismo presupuesto.
Por eso, para comprender cómo se expresa la pobreza laboral en la vida cotidiana, es necesario observar cuánto dinero queda después de pagar esos compromisos y qué necesidades deben posponerse cuando los ingresos no alcanzan.
La productividad crece más rápido que los ingresos
Uno de los hallazgos centrales del informe es la diferencia entre el crecimiento de la productividad laboral y la evolución de los ingresos reales por hora trabajada.
Entre 2018 y 2025, el índice de productividad laboral aumentó un 33.8 %, mientras que el índice de ingresos laborales reales por hora creció un 12.8 %, según los cálculos presentados en el estudio.
En otras palabras, la productividad avanzó aproximadamente 2.6 veces más rápido que los ingresos reales por hora.
La comparación abre una interrogante sobre cómo se distribuyen los beneficios de una economía más productiva y en qué medida se traducen en mejores remuneraciones para quienes trabajan.
Durante la entrevista, Tavárez planteó precisamente esa contradicción.
«Esa productividad no compensa el salario», sostuvo al explicar la distancia entre el aumento de la producción por hora trabajada y el avance de los ingresos laborales.
El economista Francisco A. Tavárez Vásquez cuestionó que los resultados del crecimiento económico no necesariamente se traduzcan en mejores condiciones de vida para la población.
«La economía sigue creciendo y no le sabe a nada», expresó al referirse a la distancia entre los indicadores macroeconómicos y la experiencia de quienes no logran cubrir sus necesidades con lo que ganan.
La comparación entre productividad e ingresos ayuda a entender esa desconexión, aunque no demuestra, por sí sola, que exista una única causa para esa brecha.
Para determinar qué factores inciden y en qué medida, es necesario examinar las diferencias entre sectores económicos, ocupaciones, jornadas de trabajo y estructuras salariales.
El informe señala entre los factores que contribuyen a explicar esa desconexión la informalidad, la segmentación del mercado laboral y la limitada capacidad de negociación salarial.
Los datos muestran que los ingresos laborales reales promedio aumentaron entre 2016 y 2025, al pasar de RD$24,242 a RD$30,163, expresados en pesos constantes de 2024.
El problema, por tanto, no consiste en que todos los salarios hayan disminuido durante el período, sino en que las mejoras registradas no han eliminado la insuficiencia de ingresos entre amplios segmentos de la población.
Para Tavárez Vásquez, el desafío es que el crecimiento de la economía se traduzca en empleos capaces de sostener a quienes dependen de ellos.
Al hablar de las condiciones de trabajo, señaló que hay personas cuyo empleo, aunque ocupa su jornada, no les permite cubrir necesidades tan esenciales como la alimentación.
«Su empleo de única dedicación no le permite cubrir lo fundamental en términos alimentarios», afirmó.
La evolución de los ingresos debe analizarse junto con el comportamiento de los precios de los bienes y servicios que consumen los hogares.
El Banco Central informó que el índice de precios al consumidor registró una variación mensual de 0.33 % en septiembre de 2026, mientras que la inflación interanual se situó en 5.12 %.
Según el organismo, los grupos transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas, y educación explicaron conjuntamente el 85.05 % de la inflación mensual de ese mes.
La inflación interanual no significa que todos los productos hayan aumentado un 5.12 %. Se trata de la variación general del índice, que reúne bienes y servicios con distintos pesos y comportamientos de precios.
En el caso de los combustibles, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM) publica semanalmente los precios oficiales de las gasolinas, el gasoil y el gas licuado de petróleo.
Estos precios sirven como referencia para examinar el gasto de quienes utilizan vehículos propios y los costos relacionados con el transporte.
Sin embargo, el efecto sobre cada hogar depende de sus hábitos de consumo, la distancia entre la vivienda y el lugar de trabajo, el medio de transporte utilizado y la cantidad de personas que dependen de sus ingresos.
Para medir con precisión cuánto cuesta alimentarse, es necesario contrastar los ingresos con los precios de productos básicos como arroz, habichuelas, huevos, aceite, carnes y otros alimentos. También debe considerarse qué proporción del presupuesto familiar se destina a comprarlos.
Esa información permite observar si el problema se limita a la insuficiencia de ingresos o si la combinación de salarios y gastos esenciales deja a los hogares con poco margen para atender otras necesidades.
Las mujeres enfrentan una mayor pobreza laboral
La insuficiencia de ingresos tampoco afecta de la misma manera a hombres y mujeres. En 2025, la pobreza laboral femenina alcanzó el 43 %, frente al 36.4 % de la masculina, una diferencia de 6.6 puntos porcentuales.
La brecha también aparece en los ingresos promedio nominales. Las mujeres percibieron RD$27,703 mensuales, mientras que los hombres recibieron RD$33,958. La diferencia fue de RD$6,255 al mes.
En términos reales, ajustados a pesos de 2024, el ingreso laboral promedio de los hombres fue de RD$32,692, frente a RD$26,670 para las mujeres. La mediana también fue menor entre ellas: RD$19,002, en comparación con RD$25,307 entre los hombres.
El informe señala que las diferencias persisten a pesar de que las mujeres tienen una presencia importante entre las personas ocupadas con educación universitaria. Según los datos citados por los autores, ellas representaban el 58.6 % de las personas ocupadas con estudios universitarios a finales de 2024.
La investigación examina factores estructurales del mercado laboral, como las diferencias salariales, la menor participación económica femenina y las dificultades para convertir la formación académica en mejores ingresos.
No obstante, las cifras por sí solas no permiten atribuir la brecha a una única causa. Para establecer cómo inciden la ocupación, la jornada laboral, la experiencia, las responsabilidades de cuidado y el acceso a puestos de mayor remuneración, se requieren análisis más desagregados.
Los datos sí muestran que las mujeres enfrentan una mayor exposición a la pobreza laboral y perciben menores ingresos promedio, una combinación que puede limitar su autonomía económica y la capacidad de sus hogares para cubrir sus necesidades.
El lugar donde se trabaja también importa
La pobreza laboral presenta diferencias importantes entre las regiones del país. En 2025, El Valle registró una incidencia de 54.2 %, seguida de Higuamo, con 53 %, y Enriquillo, con 49.7 %.
En Ozama, que incluye el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, el indicador se situó en 41.1 %. En Yuma, región donde se encuentra el principal polo turístico dominicano, alcanzó el 35.9 %.
La diferencia entre El Valle y Yuma supera los 18 puntos porcentuales. Los resultados plantean preguntas sobre las oportunidades de empleo, la estructura productiva, los salarios y la distribución territorial de la actividad económica.
Al referirse a las regiones con mayores niveles de pobreza laboral, Tavárez Vásquez consideró que las condiciones de infraestructura y los servicios públicos son parte de los factores que deben atenderse para impulsar la actividad económica.
«Yo creo que la inversión pública tiene que volcarse hacia allá, hacia donde se perciben esos bolsones de pobreza», expresó.
El economista mencionó las carencias de infraestructura en zonas fronterizas y en provincias como Independencia y Bahoruco. También señaló que es necesario examinar qué está ocurriendo en El Seibo y Hato Mayor, regiones con potencial turístico en las que, a su juicio, deben impulsarse actividades capaces de generar empleos mejor remunerados.
Para explicar la relación entre el gasto estatal y la llegada de empresas, sostuvo que la inversión pública en infraestructura puede complementar la inversión privada.
«Ahí no es que la inversión pública desplaza la privada, sino la pública atrae a la privada y se complementa», afirmó.
El planteamiento apunta a que la construcción y mejora de acueductos, el suministro eléctrico, el drenaje y otros servicios pueden crear condiciones más favorables para la actividad productiva y la generación de puestos de trabajo.
El dato de Ozama también resulta relevante: pese a concentrar una parte importante de la actividad económica nacional, la región registró una incidencia de pobreza laboral superior al 40 %.
En Yuma, por su parte, la cifra muestra que una menor incidencia relativa no equivale a la desaparición del problema. Tampoco significa que el 35.9 % de los trabajadores turísticos viva en pobreza laboral, ya que el indicador corresponde a la población de la región y no exclusivamente a quienes trabajan en hoteles, restaurantes y otras actividades vinculadas al turismo.
Al ser consultado sobre cuáles son los empleos peor pagados en el país, Tavárez Vásquez mencionó las actividades agropecuarias.
«Los ligados a la agricultura, generalmente, en la actividad primaria, ganadería, agricultura», respondió.
También manifestó sorpresa por los niveles de pobreza laboral registrados en zonas turísticas y consideró necesario impulsar empleos de mayor nivel y mejor remunerados.
La declaración plantea una interrogante sobre la capacidad de algunas actividades económicas para generar ingresos suficientes para quienes trabajan en ellas.
El economista también abordó la distribución de los incentivos fiscales concedidos a sectores productivos, incluido el turismo. En lugar de plantear su eliminación generalizada, propuso revisar su focalización para considerar el nivel de desarrollo de los destinos y las necesidades de otras zonas del país.
«Digamos que la puedan focalizar, así como se focalizan los programas sociales, que se focalice eso también», expresó.
La propuesta abre el debate sobre cómo evaluar los beneficios fiscales y sus resultados en materia de inversión, salarios y generación de empleos, así como sobre la posibilidad de dirigir mayores recursos a territorios menos desarrollados.
Para comprender las diferencias regionales, sería necesario contrastar los datos de pobreza laboral con los salarios por sector, la informalidad, la calidad del empleo y el costo de la vivienda y el transporte en cada región.
El desafío de que trabajar permita vivir
El estudio plantea que evaluar el desempeño económico únicamente a partir del crecimiento y la creación de empleos ofrece una visión incompleta de la realidad laboral.
También es necesario determinar si los ingresos de esos puestos permiten superar la pobreza y cubrir las necesidades de los hogares.
Entre las recomendaciones de los autores figuran revisar la relación entre salarios, inflación y productividad; promover empleos formales y mejor remunerados; fortalecer la negociación colectiva y vincular los incentivos fiscales con resultados verificables en materia de empleo, salarios e innovación.
Los investigadores también proponen incorporar la pobreza laboral como un indicador permanente para evaluar las políticas económicas y sociales.
La investigación registra una reducción de la pobreza laboral desde el 57.1 % en 2016 hasta el 39.7 % en 2025. Sin embargo, esa disminución no ha eliminado las dificultades que enfrenta una parte importante de la población para superar el umbral de pobreza mediante los ingresos provenientes de la ocupación principal.
La pregunta que deja abierta el estudio es hasta qué punto el crecimiento económico se traduce en mejores condiciones de vida para quienes dependen de su trabajo.
Mientras la mitad de los trabajadores perciba ingresos mensuales de RD$24,169 o menos y la pobreza laboral continúe afectando a casi cuatro de cada diez personas, el desafío seguirá siendo lograr que tener un empleo no sea solamente una fuente de ingresos, sino también una vía efectiva para cubrir las necesidades básicas del hogar.
