
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Magalys Medina, hermana del expresidente Danilo Medina, y otros dos imputados en el Caso Pulpo, que arrancó hace dos semanas con detenciones de la Operación Antipulpo, salieron de prisión este jueves para pasar a arresto domiciliario.
El juez José Alejandro Vargas impuso arresto domiciliario a Magalys Medina, al exministro de Salud Pública Freddy Hidalgo Núñez y al excontralor Rafael Antonio Germosén, por su implicación en el caso en el que hay otros siete acusados en prisión preventiva hecha efectiva la víspera cuando fueron ingresados en una cárcel de San Cristóbal.
Este jueves, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, instruyó a dar cumplimiento a la resolución que ordena la prisión domiciliaria contra los tres encartados, según informó la Procuraduría General de la República en un comunicado.
Magalys Medina y Freddy Hidalgo debieron pagar, además, una garantía económica de 10 millones de pesos mediante contrato de una aseguradora y se mantendrán con impedimento de salida del país.
A Germosén también le fue impuesto impedimento de salida del país.
Los otros siete imputados que cumplen prisión preventiva desde este miércoles son Alexis Medina, también hermano del expresidente Danilo Medona; Francisco Pagán, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Fernando A. Rosa, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
Mientras, el encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz quedó en libertad con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal adjunto que lleva la investigación del caso de corrupción.
Según las investigaciones, Alexis Medina montó una red de empresas para obtener contratos públicos con múltiples instituciones del Estado, algo que tenía prohibido por ley por su relación de hermandad con el jefe de Estado, lo que burló a través de testaferros, según la acusación del Ministerio Público.
La Fiscalía acusa a esta red de sustraer 4 mil 796 millones de pesos de los fondos públicos en contratos obtenidos por medio de tráfico de influencias con instituciones como el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional o la Procuraduría General de la República

