Las acciones del Gobierno del presidente Donald Trump contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro tuvieron una considerable escalada, al acusarlo –junto a varios de sus colaboradores– de convertir al Estado de Venezuela en una empresa criminal al servicio de narcotraficantes y grupos terroristas.
Al anunciar las acusaciones formales, empatadas con un ofrecimiento de $15 millones de recompesa contra el líder sudamericano, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, enfatizó que Maduro no es líder de Venezuela.
“El régimen venezolano, una vez dirigido por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción”, dijo Barr en conferencia de prensa. “Durante más de 20 años, Maduro y varios de sus colegas de alto rango presuntamente conspiraron con las FARC, causando la entrada de toneladas de cocaína y devastando las comunidades estadounidenses”.
La lista incluye a Maduro, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Carvajal Barrios, Clíver Alcalá Cordones y Tareck Zaidan al Aissami Maddah.
Las acusaciones son impulsadas por fiscales en Miami y Nueva York, que incluyen cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas.
La decisión de la Administración Trump, apuntó Barr, buscará terminar con la corrupción en aquel país, el cual beneficia a unos cuantos, por lo que las autoridades estadounidenses impedirán utilizar bancos en esta nación para sus transacciones.
“Hoy anunciamos cargos penales contra Nicolás Maduro Moros por dirigir, junto con sus principales lugartenientes, una asociación de narcotráfico con las FARC durante los últimos 20 años”, agregó el fiscal federal Geoffrey S. Berman desde Nueva York.
Apuntó que los presuntos actos criminales de Maduro ayudaron a proteger a criminales del narcotráfico, corrompiendo las instituciones venezolanas.
La fiscal Ariana Fajardo Orshan, con sede en Florida, indicó que ha habido incautaciones de unos $450 millones de dólares contra la red de Maduro y sus socios.
“Durante la última década, funcionarios corruptos del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela por miles de millones de dólares”, afirmó. “Estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han usado bancos e inmuebles del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal”.
Las acusaciones fueron adelantadas por The Associated Press con información de cuatro personas familiarizadas con la situación, pero más tarde el Departamento de Estado difundió la decisión oficial y la postura del secretario Mike Pompeo, sobre las recompensas de hasta $25 millones de dólares por la captura de Maduro y sus colaboradores, cifra que originalmente se manejó solamente por información contra el mandatario venezolano.
“El pueblo venezolano merece un gobierno transparente, responsable y representativo que atienda las necesidades del pueblo y que no traicione su confianza al condonar o emplear a funcionarios públicos que se dediquen al tráfico ilícito de narcóticos”, apunta la postura de Pompeo. “Estados Unidos está comprometido a ayudar al pueblo venezolano a restaurar su democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas que les proporcionarán un liderazgo nacional honesto y competente”.
Las recompensas
La recompensa que Departamento ofrece es de hasta $15 millones de dólares por información relacionada con Nicolás Maduro, además de hasta $10 millones información de cada uno de sus allegados: Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima; el general retirado Hugo Carvajal Barrios, ex director de inteligencia militar de Venezuela (DGCOM); Clíver Alcalá Cordones, mayor general retirado; y Tareck Zaidan al Aissami Maddah, Ministro de Industria y Producción Nacional.
“Mientras mantenían posiciones clave en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar los envíos de narcóticos desde Venezuela, incluido el control de aviones que parten de una base aérea venezolana, así como el control de rutas de drogas”, acota el reporte.
Los estímulos se ofrecen bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado, que ha permitido la detención más de 75 personas y el pago de unos $130 millones de dólares.
Esa oficina colabora estrechamente con la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI).
Maduro publicó un mensaje en Twitter acusando acciones “conspiratorias” coordinadas entre Estados Unidos y Colombia en contra de su Gobierno.
“¡No han podido ni podrán!”, expresó.