Santo Domingo.-El derecho a ser asistido por un defensor público aplica a todas las personas en el territorio dominicano, sin importar si son extranjeras, menores de edad, muy pobres o adineradas.
Cualquiera que sea investigado por el Ministerio Público o enfrente una acusación concreta, tiene el derecho constitucional de solicitar la asistencia legal de un defensor público, que lo representará ante los tribunales sin cobrar honorarios.
Contrario a lo que podría ocurrir con otros servicios, la representación legal pública gratuita en el país, según procesados entrevistados por Diario Libre, es «muy buena» y «capacitada».
Aunque los usuarios sin recursos económicos son los que más demandan el servicio de un defensor público, estos profesionales están obligados a representar a personas pudientes que lo soliciten, también por el derecho a la igualdad y para garantizar la tutela efectiva que contempla la carta magna.
«Desde el mismo momento de la detención, nosotros entramos en vigencia, no importa el tipo penal, o sea, nosotros estamos habilitados», dice Ángela Maritza Ramírez, coordinadora departamental del Distrito Nacional de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP).
