Rancho Arriba, Ocoa.- Las peleas en planteles escolares son hechos bochornosos que no deberían ocurrir ni justificarse bajo ningún concepto; lo que está mal, está mal. Sin embargo, cuando estos incidentes involucran a menores de edad, como en un video captado el pasado 24 de febrero en un centro educativo de este municipio, lo habitual es que las diferencias se aborden mediante reuniones que integren a los estudiantes, sus padres, el departamento de orientación y psicología, la sociedad de padres y el cuerpo administrativo.
No obstante, según una denuncia recibida en esta redacción, la situación tomó un giro distinto cuando, un mes después del incidente, un contingente de la Policía Nacional, incluyendo miembros del DICRIM, se presentó en el plantel, ingresó al recinto y procedió al arresto de la menor señalada como agresora, colocándole esposas delante de compañeros y docentes.
De acuerdo con la fuente, la actuación se habría producido tras presuntas presiones de la madre de la otra menor involucrada, quien supuestamente tendría vínculos familiares con un funcionario de alto rango en el municipio. Según versiones, esta habría manifestado que “eso no se quedaría así porque el poder es para usarlo y los rangos se respetan”.
Ante este escenario, desde este medio se hace un llamado a las autoridades competentes a intervenir con responsabilidad y prudencia, evitando que el caso escale a consecuencias más graves, tanto en el ámbito emocional como social. La gestión de conflictos entre menores debe priorizar la orientación, el diálogo y la formación en valores, promoviendo el perdón y la corrección de conductas.
El castigo nunca debe exceder la ofensa, aun cuando existan medios o influencias para ejercer presión.
