Santo Domingo, R.D. — En la República Dominicana, durante mucho tiempo, entrar a la cárcel no significaba necesariamente entrar al sistema. Significaba entrar a otro mundo.
Tras los muros, la autoridad existía, pero no siempre mandaba. Había reglas distintas, economías paralelas y jerarquías propias. La prisión castigaba, sí, pero rara vez corregía. Muchos salían con más vínculos criminales de los que tenían al entrar.
Ese pasado es el que el Estado intenta cerrar con un proyecto que, más que arquitectónico, es institucional: la construcción y sustitución de 26 centros penitenciarios. Al frente está el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, quien sostiene que la reforma tiene planificación financiera garantizada.
“Tenemos un presupuesto plurianual. Está previsto el presupuesto de este año, el del 27 y el del 28. Son 4,000 y algo de millones de pesos para este año”, explicó durante un encuentro con directivos de Listín Diario.
No se trata simplemente de levantar nuevas cárceles. Según el funcionario, gran parte del plan busca corregir un error histórico: haber convertido cuarteles policiales y fortalezas militares en prisiones permanentes.
“De esas 26, 19 lo que van a ser sustituidas que están ahora mismo en recintos militares y recintos policiales”, precisó.
El símbolo del pasado
La vieja Penitenciaría Nacional de La Victoria resume ese modelo. Sobrepoblada, sin clasificación real de internos y con control interno debilitado, funcionó durante años como reflejo de un sistema penitenciario que confinaba, pero no rehabilitaba.
Allí convivían imputados por delitos menores con criminales peligrosos. La consecuencia era casi inevitable: la cárcel se convertía en un espacio de aprendizaje delictivo. El castigo no reducía la criminalidad futura; a veces la fortalecía.
El punto de quiebre
La transición comienza con el traslado progresivo hacia el complejo Las Parras, en Monte Plata.
“Las Parras sustituye a La Victoria”, afirmó Santana.
La medida no es simbólica. Técnicamente, los jueces ya no pueden enviar nuevos internos a la antigua prisión. Más de 1,200 privados de libertad han sido trasladados y la cifra aumentará cuando se complete el segundo cuadrante del nuevo recinto.
También el nuevo centro de San Juan reemplazará una cárcel ubicada dentro de una fortaleza militar, un ejemplo de cómo la reforma busca eliminar espacios improvisados para el cumplimiento de condena.
La prisión que se propone
El cambio no está solo en el cemento. Está en la operación diaria.
El llamado Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria introduce clasificación de internos, control estatal permanente, alimentación institucionalizada, atención médica, estudio obligatorio y trabajo productivo. La intención es simple pero profunda: que la cárcel deje de ser un lugar de ocio violento y se convierta en un espacio de tratamiento.
En el sistema anterior, el encierro era la política.
En el nuevo, la reinserción es la meta.
Los centros en construcción —San Juan, Higüey, Barahona y la segunda fase de Las Parras— están en etapa final, mientras otras diez obras ya fueron adjudicadas y comenzarán con la cárcel de Baní. En el segundo semestre se licitarán proyectos en Nagua, Samaná, Monte Cristi, La Vega y Santiago, con lo que se completará la red prevista.
El impacto esperado
El objetivo no es únicamente mejorar condiciones carcelarias. Es seguridad pública.
En el viejo modelo, las bandas podían operar desde el interior de las prisiones. En el nuevo, el Estado busca recuperar el control total, separar preventivos de condenados y evitar que delincuentes menores se profesionalicen en el crimen organizado.
El indicador más relevante es la reincidencia. Mientras el sistema tradicional podía superar el 50 %, el modelo correccional reduce esa cifra a niveles cercanos al 5 %, gracias a capacitación técnica y oportunidades laborales al salir.
El desafío pendiente
Sin embargo, la reforma enfrenta un obstáculo que no depende de las cárceles: el sistema judicial. La alta cantidad de presos preventivos y la lentitud procesal podrían volver a llenar instalaciones nuevas si no se corrigen.
Por eso, el proyecto es también una prueba de coordinación institucional. La administración penitenciaria puede mejorar la salida del sistema; la justicia decide la entrada.
Más que edificios
El país no evaluará esta política por la cantidad de inauguraciones ni por el tamaño de los complejos penitenciarios. La evaluará en la vida cotidiana.
Si menos exreclusos vuelven a delinquir, la reforma habrá funcionado.
Si la criminalidad no cambia, los muros nuevos solo habrán cubierto problemas antiguos.
La apuesta es clara: convertir la prisión en una herramienta de seguridad ciudadana y no solo de castigo. El resultado, como toda política pública, no se medirá dentro de la cárcel, sino fuera de ella, en las calles donde la sociedad espera que la historia empiece a ser distinta.
